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jueves, noviembre 09, 2006

Mundo televisiivo




Juicios paralelos


En muchos de los programas llamados “del corazón”, se realizan ante las cámaras de televisión juicio paralelos en los que los periodistas con titulación, y los simples “comentaristas”, sin ningún título que los avale como tal y que sólo son personajes sin oficio conocido y muchas veces semianalfabetos, acusan a voz en grito, interrogan, sentencian y ridiculizan a los entrevistados a los que realizan una batería de preguntas-acusaciones sin que les quepa al invitado-acusado de turno más posibilidad que contestar, cuando le dejan y eso no es frecuente, a la verborrea gritona, acusatoria, ofensiva de los periodistas y cantamañanas que ejercen de jueces, fiscales y acusación particular y general, sin que le quepa al pobre entrevistado nada más que aceptar el juicio inapelable de los profesionales de la pluma, en las dos vertientes muchas veces, de la difamación y de la manipulación de las noticias, pues en televisión no existe la aplicación del principio de inocencia que ampara a cualquier acusado de delito o falta hasta que no se demuestre su culpabilidad, basándose en pruebas y testigos, y así lo sentencie un Juez o Tribunal, ya que en dichos programas televisivos el entrevistado-acusado tiene que demostrar su inocencia de forma extrajudicial, pero con pruebas fidedignas, antes de que se celebre un juicio, si ello fuera necesario al caso, porque dicho principio que ampara a todos los ciudadanos es invertido y es culpable hasta que no demuestre lo contrario, lo que, dado el medio en el que se realizan dichos juicios paralelos como es el televisivo, es completamente improbable que ocurra; pero con el agravante añadido de que la audiencia es millonaria y la difamación pública y notoria, porque ante la opinión pública dicho personaje entrevistado es culpable de lo que se le imputa: agresiones físicas o verbales a terceros, difamaciones, consumo de drogas, adulterios, prostitución, homosexualidad (en el caso de no ser verdad o, de serlo, si el interesado “no quiere salir del armario”, lo que es su legítimo derecho) e incluso, de delitos o faltas tipificados como tales en el Código Penal, como es el caso de tráfico de drogas o intento de asesinato.

Por ello, de nada le valdrá al entrevistado-acusado el recurso a interponer demandas y querellas después del rapapolvo sufrido ante las cámaras, porque el daño ya está hecho. La Justicia es lenta y, hasta que haya una sentencia favorable al damnificado por las acusaciones vertidas ante las cámaras, su culpabilidad es manifiesta y está en boca de todos, y aunque la sentencia determine su inocencia y reciba la correspondiente indemnización, no le sirve de nada porque el público en general cree más lo que dice un “santón” de la televisión que lo que sentencia un Juez y así nos va en este país, donde un difamador profesional, erigido en periodista o “comentarista” de televisión o radio, pueda jugar con la fama, honra, honor o intimidad personal o familiar de “un ciudadano o ciudadana”- latiguillo puesto de moda en la actualidad entre la clase política en uso u desuso, pero muchas veces poco letrada-, sin que el afectado pueda hacer nada más que conformarse con que, a los tres o cuatro años, un Juez sentencie su inocencia y penalice al culpable de la difamación; o, en el caso de que el hecho imputado hubiera sido, en todo o parte, verdad, su culpabilidad haya sido puesto en evidencia mucho antes y sin posibilidad de defensión alguna a corto plazo, por un medio televisivo y no por un juicio realizado con todas las garantías legales apropiadas a un Estado de Derecho.

Esto ha sido demostrado en muchos casos y, si tomamos como ejemplo uno acaecido en las últimas semanas, como es el de la ex mujer de un famoso alcalde, hoy en día en prisión por delitos de prevaricación, que se ha visto envuelta en una determinada polémica sobre si compró o no algunos gramos de cocaína y de la que determinada publicación afirmó que había sido detenida y puesta a disposición judicial por tal motivo, cosa que la aludida negaba una y otra vez ante las cámaras, afirmando que sólo fue llamada a declarar como testigo contra un supuesto traficante que hoy está en prisión, recibiendo una ronda acusatoria de los periodistas y soplagaitas que había en el plató, erigidos en defensores a ultranza de la verdad, la decencia y la justicia, por lo que ni creían lo que la acusada decía, ni dejaban más resquicio a la verdad que la que ellos esgrimían, contundente y acaloradamente, porque la invitada cobraba y, ya que se iba a llevar la pasta, por lo menos, que el espectáculo quedara servido ante el regocijo de los espectadores en el plató y el estupor de los espectadores.

Naturalmente, todos los que permanecemos al margen de este asunto, como de los demás que salen a la luz pública envueltos en el escándalo, no sabemos de él más de lo que la interesada y los demás implicados puedan declarar y sólo compete a la Justicia juzgar la veracidad, o no, de dichas declaraciones y la posible culpabilidad de la supuesta culpable por la compra de más gramos de cocaína que los que se permite llevar encima para el propio consumo.

El daño ya está hecho, porque ese señora que es madre de familia, sea o no consumidora o haya comprado o no esos gramos del maldito polvo blanco, ha quedado en entredicho ante sus familiares, amigos, relaciones laborales y ante los que, sin conocerla, ya tenemos la idea de que es una supuesta consumidora, o algo peor aún. De nada le valdrá después demostrar que fue en calidad de testigo llamada ante el Juez y no como imputada, si así ocurriera. Y en el caso de que fuera llamada a declarar como posible imputada, debería ser primero la sentencia de un Juez la que afirmara tal extremo y con pruebas, porque ahora ya no cabe redención alguna para la afectada por unos hechos que, de haber sido reales, sólo afectan a su vida privada y a su intimidad y a nadie interesa si es o no consumidora, o sólo lo es su pareja actual. Eso forma parte de su parcela de privacidad en la que el resto de los ciudadanos no tenemos ningún derecho a entrar y, menos aún, a enjuiciar públicamente fuera del ámbito judicial, único foro en el que se deben dirimir las culpabilidades o inocencias y no en los medios de comunicación que se han convertido en unas tribunas públicas donde se comercia con la intimidad, el honor y la honra de las personas, en uso de unas atribuciones exorbitantes del supuesto derecho a la información que traspasa la legalidad vigente, la ética personal y periodística y hasta la propia verdad, a la que se crea, modela, corrige y “maquilla” para presentarla lo más morbosa, excitante y apetecible para el público, esa masa sedienta de escándalos, según los propios medios de comunicación, entre ellos la televisión, por las preferencias del público a la hora de elegir programas, según el baremo de audiencias.

Si la televisión es un reflejo de la sociedad a la que van dirigidos los programas, es preocupante, y mucho, lo que refleja de esa misma sociedad la propia programación de mayor audiencia porque, si somos como los que vemos todos los días en la pequeña pantalla, es como para sentir vergüenza, propia y ajena.



Ana Alejandre

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